Estanislao de Kostka*.- En el gobierno de Pedro Sánchez todo es una gran mentira y él es un experto en manipular los datos económicos y alterar la realidad, para presentar una imagen más favorable de su gestión. Esta práctica ha llevado a una creciente desconfianza en las cifras oficiales y ha puesto en entredicho la integridad de importantes instituciones españolas, destapando intentos de engaño a la propia Comisión Europea.
Uno de los aspectos más preocupantes es el aumento descontrolado de la deuda pública. Según los datos del Banco de España, bajo el mandato de Sánchez, la deuda se ha disparado en 376.000 millones de euros, alcanzando la cifra récord de 1,542 billones de euros en mayo de 2023. Esto supone un incremento de aproximadamente 3.000 millones de euros semanales, hipotecando el futuro de las generaciones venideras.
De igual modo, y como es sabido, el gobierno sanchista ha manipulado también las estadísticas de empleo, utilizando la figura de los “fijos discontinuos”. Esta práctica ha sido calificada como el mayor fraude estadístico de la historia de España, distorsionando la realidad del mercado laboral y ocultando la verdadera magnitud del desempleo.
A pesar de las promesas de mejora social, la realidad muestra un panorama sombrío. En 2023, el porcentaje de población en situación de carencia material y social severa aumentó al 9%, frente al 7,7% de 2019. Asimismo, la población en riesgo de pobreza o exclusión social se incrementó hasta el 26,5% en 2023, superando las cifras de años anteriores.
Ha habido un verdadero asalto al Instituto Nacional de Estadística y lo ha controlado como tantas otras instituciones, para manipular indicadores clave como el IPC, la EPA y el PIB. La dimisión forzada del anterior presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, ha sido un intento claro de controlar la institución para facilitar la alteración de datos.
Con el Banco de España ha sucedido lo mismo, colocando a un exministro y presionando a sus aliados en esta institución, como la subgobernadora Margarita Delgado y la consejera Soledad Núñez, para evitar que los datos del banco contradigan las cifras manipuladas del INE, lo que representa un grave ataque a la independencia de esta institución crucial.
La manipulación de datos y el control de instituciones han generado una fuerte reacción y en altos funcionarios, que han expresado su indignación y su compromiso con la imparcialidad y transparencia en la recopilación de datos, frente a los burdos intentos de alterar la realidad.
La Comisión Europea ha comenzado a cuestionar las cifras presentadas por el gobierno español, poniendo en evidencia las discrepancias entre los datos oficiales y la realidad económica del país.
Todo ello ha provocado que la administración de Pedro Sánchez haya erosionado la confianza en las instituciones españolas y en la integridad de los datos económicos. Esta manipulación sistemática no solo distorsiona la percepción de la realidad económica, sino que también socava los fundamentos de la democracia y la transparencia gubernamental. Es imperativo que se restaure la independencia de las instituciones de control y se garantice la veracidad de los datos económicos para el bien de todos los españoles.
La manipulación de datos económicos por parte del gobierno de Pedro Sánchez ha tenido un impacto significativo en la percepción pública. Entre otras ha provocado desconfianza generalizada en las cifras oficiales presentadas por el gobierno y ha provocado el cuestionamiento de la integridad institucional.
La discrepancia entre datos oficiales y realidad percibida hace que exista una profunda brecha entre los datos económicos positivos que presenta el gobierno y la experiencia cotidiana de muchos ciudadanos, lo que genera escepticismo y erosiona la democracia. De igual modo, la Comisión Europea y otros organismos internacionales han comenzado a examinar con más detalle las cifras económicas españolas, lo que afecta a la credibilidad del país en el ámbito internacional.
Y tan grave como todo lo anterior es que la incertidumbre sobre la veracidad de los datos económicos puede afectar las decisiones de inversión y la confianza de los agentes económicos. Esta manipulación de datos y su impacto en la percepción pública plantean serios desafíos para la credibilidad del gobierno de Sánchez y la confianza en las instituciones españolas, encargadas de proporcionar información económica precisa y objetiva. Ya no le cree nadie.
Pero, además, la alteración consciente y maliciosa de datos económicos por parte del Gobierno podría tener graves consecuencias legales, incluso responsabilidad penal. El Código Penal contempla delitos relacionados con el falseamiento de información económica, especialmente en el ámbito de los delitos societarios y contra las Administraciones Públicas. Los responsables podrían enfrentar cargos por delito contable tributario, falsedad documental o delitos contra la Administración Pública. De igual manera, la Ley General Tributaria y otras normas administrativas prevén sanciones por proporcionar información falsa o manipulada a las autoridades. En el ámbito civil podrían surgir demandas por daños y perjuicios por parte de ciudadanos, empresas o inversores afectados por decisiones basadas en datos manipulados.
La manipulación de datos podría llevar a sanciones o advertencias por parte de organismos internacionales como la Unión Europea o el FMI, quienes ya están manos a la obra. Además de las sanciones, se podría exigir la reposición de la situación alterada por la manipulación de datos. Es importante destacar que estas consecuencias no solo afectarían al Gobierno como institución, sino que podrían extenderse a los funcionarios y altos cargos implicados en la manipulación de datos económicos.
La manipulación de estos datos puede tener graves consecuencias para la estabilidad financiera de un país, ya que la pérdida de credibilidad erosiona la confianza en las instituciones económicas y financieras del país, lo que puede llevar a una mayor volatilidad de los mercados y un encarecimiento de la prima de riesgo. Los datos manipulados pueden llevar a políticas económicas y monetarias inadecuadas, potencialmente exacerbando problemas económicos existentes y acrecentar los riesgos sistémicos, ya que la falta de transparencia y de datos precisos, puede ocultar vulnerabilidades en el sistema financiero, aumentando el riesgo de crisis.
Y no menos relevante es el impacto que este modo de actuar puede tener en los que pueden tomar decisiones basadas en información falsa, lo que podría llevar a una asignación ineficiente de recursos y potenciales pérdidas. Sin duda, la incertidumbre generada por datos poco confiables puede aumentar la volatilidad en los mercados financieros y un debilitamiento de la capacidad financiera y para endeudarse. A largo plazo, la manipulación de datos puede socavar el crecimiento económico, al distorsionar la toma de decisiones y la asignación de recursos, lo que obligatoriamente puede tener graves consecuencias en la economía de España.
En resumen, la manipulación de datos económicos compromete seriamente la estabilidad financiera al distorsionar la percepción de riesgos, socavar la confianza en las instituciones y dificultar la implementación de políticas económicas efectivas.
Estos días hemos tenido ejemplos burdos de todo ello, y que han colmado el vaso de la presidenta de la Comisión Europea, intentando colar inversiones en eólicos o aumentos de sueldos entre los militares, como gasto militar para cumplir lo que de forma manipulada se quiere llamar inversión en seguridad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha expresado su profunda preocupación por estas prácticas, que en realidad son un intento de estafa institucional. Su reciente anuncio del plan “ReArm Europe”, destinado a movilizar 800.000 millones de euros para fortalecer la industria militar del continente, subraya la necesidad de una inversión genuina en defensa, no de trucos contables, de ingeniería financiera y de fontanería contable. Nada es verdad en este Gobierno y todo es mentira.
*Abogado jefe de AD y politólogo
