Manuel Recio Abad. suiteinformación.- La lucha contra la corrupción en España se ha convertido en la primera fuente de preocupación ciudadana, alcanzando una enorme relevancia, siendo debatido tanto en el ámbito político como en el judicial.
El delito de malversación está regulado en los art. 432 a 435 del Código Penal español y se trata de un delito especial de apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal del mismo, que solo puede cometerse por una autoridad o funcionario público. Popularmente se le conoce como el acto de “meter la mano en la caja” por parte de quien tiene a su cargo la correcta y honesta administración del erario público. En la comisión de este delito, el gobernante necesita valerse de colaboradores muy necesarios con los que repartir el botín de lo sustraído, vía pagos con dinero público de negocios montados al efecto. Es el gobernante quien corrompe al colaborador corrompido y no al contrario, como normalmente se quiere hacer ver. Se le busca sin descanso hasta que se le encuentra. El reparto de las mordidas corre a cargo del colaborador una vez que el dinero malversado obra en su poder, siendo normalmente la mordida pagada en dinero metálico no contabilizado, la punta del iceberg, destinada a gastos menores, lujos varios, para entendernos. Este delito es castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años, si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas.
Es posible que el más claro ejemplo de corrupción suprema en la historia reciente lo protagonice el dictador filipino Ferdinand Marcos, que fue presidente de Filipinas desde 1965 hasta 1986. Su régimen se caracterizó por la declaración de la ley marcial en 1972, lo que le permitió gobernar con mano dura y de esta forma suprimir la oposición. Durante su mandato, se estima que Marcos y su esposa Imelda desviaron miles de millones de dólares del tesoro público a cuentas bancarias en el extranjero ,así como toda clase de bienes personales. Se habla de cifras que rondan entre 5 y 10 mil millones de dólares. La corrupción generalizada llevó a un grave deterioro económico a Filipinas, a pesar de que el país había tenido un crecimiento importantísimo antes de su presidencia.
En 1986, tras una revuelta popular conocida como la Revolución del Poder Popular, Marcos fue derrocado y huyó a EE.UU. Tras su derrocamiento, se llevaron a cabo investigaciones sobre sus actividades corruptas, aunque muchos de los fondos nunca fueron recuperados, salvo una sorprendente y ostentosa colección de más de 3.000 pares de zapatos de la primera dama Imelda, quien, como todo el mundo, sólo contaba con dos pies.
Otros gobernantes a lo largo de la historia que también han sido acusados de corrupción extrema son Mobutu Sese Seko en la República Democrática del Congo, antigua Zaire y que llegó a ser recibido con honores por los presidentes de Francia y Estados Unidos, por el rey belga y hasta por el Papa, siendo también de destacar el tristemente famoso general del ejército indonesio Suharto, asesino de masas, que fue nombrado como el gobernante más corrupto de la historia y que murió impune.
Todos los gobernantes corruptos comparten una curiosa coincidencia: solos nunca hubiesen podido conseguir sus fines. Necesitaban de puntales, tales como ministros afines a la causa, empresarios corrompidos hasta el tuétano y sobre todo de una población ciega, adormecida, callada, indolente y miedosa que les permitiera crear ese estado de cosas.
La declaración autoinculpatoria de Victor de Aldama abre una vía de incierto aunque cercano futuro penal para una buena parte de personajes de primera línea del Partido Socialista Obrero Español y del actual Gobierno. Dejemos trabajar a la judicatura y a los servicios de investigación de la Guardia Civil. ¿Y el pueblo? Chisssss!! El pueblo está durmiendo.
