Manuel Recio Abad. SUITE INFORMACION.- Empecemos por definir el término «vago». Esta palabra puede ser utilizada como adjetivo o como sustantivo, y dentro de sus múltiples acepciones se encuentra la de describir a una persona perezosa o que carece de motivación para realizar actividades productivas. ¿Hay vagos en España?. La respuesta es si. Además el número de vagos en España se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años. Nadie escribe sobre esto porque carece de predicamento, es asunto carente de estimación sobre todo por aquel que se da por aludido, consciente de su tendencia a no hacer nada, a pasar la vida disfrutando y siendo mantenido por un congénere, un extraño o por el padre Estado.
El coste de la tolerancia social con la pereza es excesivamente alto para la economía española. La vagancia, o la elección de no trabajar a pesar de tener la capacidad de hacerlo, es un fenómeno que está suscitando debates intensos en la sociedad española. A medida que la economía evoluciona y las dinámicas laborales cambian, es fundamental explorar las causas, consecuencias y percepciones que rodean este comportamiento.
El término «vagancia» se refiere a aquellos individuos que, por diversas razones, eligen no participar en el mercado laboral. No se trata únicamente de una cuestión de falta de empleo; muchos de estos individuos tienen capacidad suficiente tanto física como intelectual para trabajar, pero optan por no hacerlo. Esta elección puede estar influenciada por factores personales, sociales y económicos. Una de las razones más comunes es la desmotivación hacia el trabajo. Muchos jóvenes, al ver salarios bajos y condiciones laborales precarias, pueden sentir que el esfuerzo no vale la pena.
Factores como la falta de educación, problemas familiares o una historia personal de desempleo de larga duración, pueden contribuir a esta situación. La falta de apoyo social y psicológico también juega un papel crucial. En estos casos las personas pueden sentirse cómodas viviendo de ayudas sociales o subsidios, considerando que su calidad de vida está asegurada sin necesidad de trabajar.
La falta de participación en el mercado laboral afecta muy negativamente a la economía nacional. Menos trabajadores significa menos producción y menores ingresos fiscales para el estado.
La imagen del «vago» puede generar estigmas sociales. Quienes no trabajan son vistos con desdén o como una carga para la sociedad.
Este comportamiento ha llevado a debates sobre el sistema de bienestar social en España. Algunos argumentan que las ayudas deben ser revisadas para fomentar una mayor responsabilidad laboral. La percepción cultural sobre la vagancia varía entre regiones en España. En algunas comunidades se puede ver mayor tolerancia hacia quienes eligen no trabajar, mientras que en otras hay una fuerte presión social para hacer que todos contribuyan económicamente. Esta disparidad puede influir en cómo se diseñan las políticas laborales y sociales.
La vagancia en España es un tema complejo que no debe ser reducido a simples estigmas o juicios morales. Es fundamental analizar las causas subyacentes y considerar cómo las políticas públicas pueden abordar esta problemática. La creación de empleo digno y oportunidades educativas es esencial para motivar a aquellos que se encuentran al margen del mercado laboral.
Se estima que la tasa de inactividad podría estar en torno al 40% de la población en edad laboral. El gasto presupuestario en prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales puede ser un indicador. En 2023, el gasto en estas prestaciones en España superaba los 30.000 millones de euros anuales. Este costo incluye no solo a los desempleados que reciben subsidios, sino también a aquellos que pueden estar recibiendo ayudas sin estar activamente buscando empleo.
Cuando las personas no trabajan, el estado pierde potenciales ingresos fiscales provenientes del impuesto sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social. Esto puede representar miles de millones de euros anualmente. Por ejemplo, si consideramos que el ingreso medio por trabajador es significativo, la falta de varios millones de trabajadores puede traducirse en una pérdida considerable para el Estado. Sin temor a equivocarnos podríamos afirmar que son decenas de miles de millones de euros el daño que lo ya referido ocasiona al Estado, considerando todas las variables expuestas.
