Álvaro Filgueira. suiteinformación.- La ocupación ilegal de viviendas en España es un tema que genera debate social y jurídico. Cada año, miles de propietarios enfrentan la incertidumbre de ver sus hogares invadidos mientras las leyes parecen más favorables para los ocupantes que para ellos. Este fenómeno, que combina reivindicaciones sociales con actos delictivos, pone a prueba el marco legal español y nos invita a compararlo con el de otros países europeos.
España: ocupación entre derechos y lagunas legales
En España, la ocupación está protegida por el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, este derecho se enfrenta al de la propiedad privada, recogido en el artículo 33. La interpretación de estas normas, junto con procedimientos judiciales lentos y contradicciones en las actuaciones policiales, ha dado lugar a una paradoja: los ocupantes ilegales disfrutan en ocasiones de una mayor protección legal que los propietarios legítimos.
Un ejemplo reciente es el caso de Girona, donde la policía permitió la entrada de ocupantes a una vivienda en contra de los legítimos propietarios, basándose en pruebas débiles como un video de los ocupantes cocinando en el hogar. Este tipo de situaciones no solo generan frustración entre los afectados, sino que también erosionan la confianza en el sistema judicial y policial.
¿Qué ocurre en otros países?
Comparado con España, otros países europeos han adoptado enfoques más estrictos o equilibrados frente a la ocupación:
•Reino Unido: Aquí, ocupar una vivienda habitada o una segunda residencia es considerado un delito desde 2012, con penas de prisión de hasta seis meses y multas económicas. La policía puede desalojar a los ocupantes sin necesidad de autorización judicial.
•Francia: En 2020, se aprobó una reforma que permite desalojar a los ocupantes ilegales en un plazo de 72 horas si el propietario demuestra su titularidad. Esto ha reducido significativamente los casos de ocupación.
•Países Bajos: Aunque la ocupación tiene raíces históricas ligadas a movimientos sociales, actualmente está prohibida y puede dar lugar a desalojo inmediato.
•Alemania: La ocupación está penada y las fuerzas policiales pueden intervenir rápidamente, siempre que el propietario presente una denuncia.
¿Qué diferencia a España?
En España, la lentitud judicial es uno de los principales problemas. Mientras en países como Francia o Reino Unido los desalojos pueden ejecutarse en días, aquí los procedimientos pueden extenderse durante meses o incluso años. Además, las ocupaciones son tratadas de manera diferente según si la vivienda es el domicilio habitual o una segunda residencia, lo que añade más complejidad al proceso.
Por otro lado, España tiene un enfoque más permisivo hacia la ocupación con fines sociales. Movimientos como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) han puesto de relieve la falta de acceso a vivienda y las políticas públicas insuficientes, justificando en ocasiones la ocupación como una forma de protesta.
Un modelo que requiere reformas urgentes
Es evidente que España necesita una reforma legal que encuentre un equilibrio justo entre el derecho a la vivienda y la protección de la propiedad privada.
Propuestas como agilizar los procedimientos judiciales, garantizar la intervención policial inmediata en casos claros y establecer un marco de apoyo social para personas en situación de vulnerabilidad podrían mitigar el problema. A su vez, es vital que se incentive la creación de un parque público de vivienda, como el que tienen países como Austria o Dinamarca, donde las ocupaciones son prácticamente inexistentes gracias a un acceso más asequible a viviendas sociales.
La ocupación ilegal, tanto en España como en el resto de Europa, es un fenómeno complejo que refleja fallos estructurales en políticas sociales y legales. Mientras otros países avanzan hacia soluciones efectivas, España sigue atrapada en un limbo que requiere decisiones valientes y reformas urgentes.
