Manuel Recio Abad. suiteinformación.- El término «mordida» se ha convertido en una expresión común y muy generalizada, para describir el soborno y la corrupción, especialmente en América Latina y España.
La «mordida» hace referencia a un pago ilícito realizado a un funcionario público o a una persona en una posición decisoria de poder, con el fin de obtener un beneficio, que no se podría conseguir de manera legal o bien un acortamiento de los plazos de gestión para conseguir con rapidez una resolución administrativa. Este tipo de corrupción puede manifestarse en diversas formas, desde pagos directos hasta regalos o favores en especie.
Proviene de morder y hace alusión a tomar algo de manera furtiva o ilícita, creando un sistema viciado donde prevalece la desconfianza, la mentira y la falta de transparencia.
En España, casos como Gürtel (PP) y los ERE (PSOE)han demostrado prácticas corruptas dentro de las instituciones políticas. En América Latina, mandatarios pertenecientes a países como México, Brasil o Argentina, han protagonizado grandes escándalos que han involucrado tanto a funcionarios y dirigentes públicos como a grandes empresas.
La corrupción a través de mordidas está teniendo un impacto devastador en la sociedad española. La percepción generalizada de corrupción está socavando fuertemente la confianza del español de a pie en el gobierno. Lo peor es que se ha generalizado la opinión del “aquí no pasa nada”. Basta con negarlo todo por parte de sus autores materiales para que nada ocurra.
La corrupción generalizada paraliza o al menos ralentiza la inversión extranjera y local, ya que las empresas prefieren operar en entornos donde las reglas son claras y justas. Estamos en una situación de inseguridad jurídica manifiesta y los financieros huyen despavoridos de ella.
Para minimizar las mordidas y corrupción de todo tipo es preciso implementar una legislación sancionadora estricta, mecanismos de información pública sobre contratos públicos y procesos de adjudicaciones administrativas, fomentando una cultura de integridad y ética entre políticos y funcionarios públicos.
Determinar cuál fue el «primer» caso de mordida o soborno en la historia es complicado. En civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y Grecia, ya se daban prácticas corruptas. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi (alrededor del 1754 a.C.), hay menciones sobre la corrupción en la administración de justicia. También en el Imperio Romano los funcionarios públicos aceptaban sobornos, siendo una práctica generalizada. También en China durante las dinastías Zhou y Han se dieron casos de soborno, registrados por historiadores. En las Edades Media y Moderna en Europa la práctica de la mordida era muy conocida, aceptada incluso en el seno de la Iglesia, donde se ofrecían pagos para obtener indulgencias o posiciones eclesiásticas. Llegados los siglos XVIII y XIX con la creación de los estados modernos la corrupción vía mordida se convierte en un problema institucional tanto en los gobiernos centrales como en las colonias. Se evidencia por lo tanto, que las prácticas de soborno han existido durante milenios.
La lucha contra la corrupción ha sido una constante en el desarrollo de sistemas legales y democráticos en todo el mundo.
Sobresale sobre el resto de países y a mucha distancia, las medidas adoptadas para combatir la corrupción en un país: China. Allí las sanciones pueden variar en función de la gravedad del delito y la cuantía de la mordida. El soborno y la malversación se encuentran regulados en su código penal, al igual que en otros estados, pero su aplicación puede dar cómo resultado, además de la imposición de penas de prisión y multas, en casos extremos la pena de muerte.
Los casos de corrupción son investigados por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) del Partido Comunista Chino. La CCDI lleva a cabo investigaciones internas sobre funcionarios sospechosos de corrupción. Esto puede incluir “hábiles”interrogatorios y la recopilación de toda clase de pruebas. Posteriormente pasan el sumario a los tribunales para el desarrollo del proceso y la imposición de sentencias. Los delitos menores pueden resultar en penas de prisión que van desde unos pocos años hasta más de una década. Las sanciones son muy severas como esfuerzos preventivos.
Son muy difíciles de determinar cuántas ejecuciones por corrupción se han llevado a cabo en China. En los últimos años, el gobierno chino ha tomado medidas muy duras y tajantes contra la corrupción, lo que ha incluido la condena a la pena capital en algunos casos extremos, según rezan los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center).
En 2016, se reportó que un exfuncionario del gobierno había sido ejecutado tras ser condenado por aceptar sobornos por un valor superior a 100 millones de yuanes (aproximadamente 15 millones de dólares).
Una simple regla de tres arrojaría el resultado de cuantas ejecuciones se habrían llevado a cabo en España desde 1982 hasta hoy, aplicando la ley china. Pero también allí suelen ser indulgentes con los hacedores de mordidas: te dan a elegir entre la inyección letal o el pelotón de fusilamiento.
¿Cree el lector que aquí se lo pensarían dos veces?
