Manuel Recio Abad. suiteinformación.- La Unión Europea (UE) se ha erigido como una entidad reguladora y defensora de los derechos fundamentales en sus estados miembros. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido un encendido debate sobre su eficacia, especialmente en el contexto de los abusos que se están produciendo en España bajo el actual gobierno.
La Unión Europea fue creada con el objetivo de promover la paz, la estabilidad y el bienestar en Europa.
A través de tratados y normativas de obligado cumplimiento para todos los países miembros, busca garantizar los derechos humanos y las libertades civiles, actualmente en claro y patente peligro. Sin embargo, su capacidad para intervenir en los asuntos internos de los estados miembros es limitada, lo que plantea interrogantes sobre su efectividad.
En España, diversos sectores de la sociedad han denunciado abusos relacionados con la gestión del gobierno actual. Estos incluyen restricciones a la libertad de expresión, críticas a la independencia judicial, acuerdos para alcanzar mayorías con grupos nacionalistas de clara vocación separatista, uno de ellos , Junts Per Catalunya, presidido por Carles Puigdemont, un delincuente juzgado y condenado, declarado en rebeldía, fugado de la justicia y que mantiene sometido a un continuo chantaje al gobierno hasta conseguir fraguar mayorías parlamentarias para aprobación de decretos leyes a mansalva. Una dictadura de las minorías en toda regla.
Estas situaciones han generado un clima de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos.
A pesar de las denuncias y preocupaciones planteadas por organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, la respuesta de la Unión Europea ha sido escasa y muy limitada. Aunque se han emitido declaraciones sobre el respeto a los derechos humanos, no se han tomado medidas concretas para abordar estos abusos en España. Comparativamente, en otros casos como Polonia y Hungría, la Union Europea si ha actuado con mayor firmeza, al activar procedimientos legales para salvaguardar los principios democráticos. En España nada de nada, si bien han sido continuamente denunciado por los grupos parlamentarios de Patriotas por Europa y Popular Europeo.
Expertos y ciudadanos han expresado críticas hacia la ineficacia de la Unión Europea para actuar ante los abusos que el Gobierno no deja de cometer en España. La percepción general es que las instituciones europeas son reactivas en lugar de proactivas, lo que permite que situaciones preocupantes persistan sin la intervención adecuada. Esta falta de acción ha llevado a cuestionar el compromiso real de la Unión Europea con los derechos fundamentales en todos sus estados miembros. se puede concluir que la ineficacia de la Unión Europea frente a los abusos que se están produciendo en España por parte del Gobierno plantea serias interrogantes sobre su papel como garante de los derechos humanos. Es fundamental que la UE tome medidas más decisivas para asegurar que todos sus estados miembros respeten los principios democráticos y protejan a sus ciudadanos. Solo así podrá cumplir con su misión original y fortalecer su credibilidad ante el pueblo europeo.
