Manuel Recio Abad. suiteinformación.– El Tribunal Constitucional del estado español es una de las instituciones más importantes del sistema jurídico del país, encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido un debate sobre su posible uso partidista por parte del actual gobierno, que ha llevado a cuestionar la independencia de este tribunal y su papel como garante de la legalidad.
El Tribunal Constitucional tiene varias funciones esenciales y todas de una enorme importancia, entre las que destacan el control de la constitucionalidad de las leyes, la resolución de conflictos entre instituciones y la defensa de los derechos fundamentales. A diferencia del Tribunal Supremo, que actúa principalmente como tribunal de casación en cuestiones civiles, administrativas y penales, el Constitucional se centra en interpretar y aplicar la actual Constitución vigente.
Recientemente, se han presentado serias críticas hacia el uso que el gobierno hace del Tribunal Constitucional. Algunos analistas sostienen que ciertas decisiones han sido influenciadas por intereses políticos, lo que ha llevado a una percepción generalizada de que el Tribunal Constitucional se está utilizando como un instrumento para anular sentencias del Tribunal Supremo. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la separación de poderes y la imparcialidad judicial.
Por ejemplo, ha habido casos en los que el Tribunal Constitucional ha revocado a través de los llamados recursos de amparo y de inconstitucionalidad, decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo en cuestiones claves, lo que ha suscitado dudas sobre la legitimidad de dichas acciones. Los críticos argumentan que estas intervenciones no solo socavan la autoridad del Tribunal Supremo, sino que también pueden ser vistas como un intento deliberado de moldear el marco legal a favor de ciertos intereses políticos.
Es un comentario generalizado en todos los foros el hecho de que en el caso de recaer una sentencia condenatoria en el procedimiento seguido contra el Fiscal General del Estado, será el Tribunal Constitucional presidido por el magistrado Cándido Conde Pumpido, de indubitada proximidad al PSOE, como ya tuvo ocasión de demostrar con el desmontaje del caso Ere en Andalucía, el encargado de declarar la inconstitucionalidad del proceso anulando las penas que fueran impuestas por el Tribunal Supremo, para escarnio y vergüenza de un sistema judicial parcialmente corrupto manejado a su interés desde Moncloa. Este uso partidista del Tribunal Constitucional puede llegar a tener gravísimas consecuencias para nuestra aun joven democracia y su estado de derecho.
La percepción de que las decisiones judiciales están y seguirán estando, influenciadas por consideraciones políticas, erosiona la confianza pública en las instituciones y deslegitima el sistema judicial. Además, esto afecta negativamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que las decisiones no se basan únicamente en criterios jurídicos sino en agendas e intereses políticos del gobierno.
¿Cómo poner fin a estas actuaciones? . Es fundamental abordar reformas que aseguren la total independencia del Tribunal Constitucional, para así evitar a toda costa su politización. Conseguir una mayor transparencia en los procesos de selección de sus miembros, es una acción muy necesaria, limitando el uso indebido del voto de calidad de quien lo presida, tal y como señala el art. 160 de nuestra Constitución, evitando su utilización contraria a la debida independencia, vital para restaurar la confianza pública.
El Tribunal Constitucional desempeña un papel crucial en el mantenimiento del orden legítimo constitucional en España.
Sin embargo, es imperativo afrontar las críticas sobre su uso partidista que el Gobierno hace de esta institución, para garantizar que siga siendo un bastión de justicia e imparcialidad.
La separación de poderes es fundamental para preservar la democracia y proteger los derechos fundamentales; los tres poderes deben ser independientes y controlarse entre sí.
Los diputados y senadores no deben permitir ser considerados como meros apretadores del botón que les indiquen en cada votación. No han sido elegidos para eso, sino para tener voz representativa de la circunscripción por la que fueron elegidos, hacerlo con decisión y personalidad, criterio propio y si tienen que dimitir por entender que no se les está respetando en sus funciones, pues que lo hagan.
Es esencial y de urgencia mantener un debate abierto, vivo y constructivo sobre el futuro del Tribunal Constitucional y cuál debe ser su papel en nuestra sociedad.
