Álvaro Filgueira. suiteinformación.- En la reciente contienda electoral, aquellos que enarbolaban el lema «no es no» ahora parecen decir «tal vez sí». A pesar de perder las elecciones, se preparan para gobernar con los independentistas, argumentando que así lo decidieron los votantes en las urnas. Sin embargo, surge la preocupación sobre la aplicabilidad democrática de la Ley D’Hont en España, donde la proporcionalidad de los votos varía según la circunscripción, distanciándose de sistemas más equitativos como el belga.
Los datos hablan por sí mismos. En las elecciones de 1996, Izquierda Unida obtuvo 963,040 votos y apenas 2 diputados, mientras que CIU no alcanzó los 800,000 votos pero se le asignaron 11 diputados. Este desequilibrio plantea cuestionamientos sobre la verdadera equidad del sistema, donde el voto de un catalán vale cinco veces más que el de otros ciudadanos.
A lo largo de los 45 años de «democracia» en España, hemos sido testigos de gobiernos liderados más tiempo por «vascos» y «catalanes» que por el PSOE o el PP. Esta alianza ocasional para formar gobierno ha tenido un precio, y nunca tan alto como en la actualidad.
A pesar de los principios establecidos en el artículo 2 de la Constitución, que destaca la unidad de la Nación española y la autonomía de sus regiones, la realidad muestra una desconexión. Aunque la igualdad ante la ley está consagrada en el artículo 14, España históricamente es el país más antiguo de Europa, con muchas leyes y, a menudo, poca aplicación.
En resumen, España, bajo el liderazgo de dos partidos «nacionales» en coalición con grupos autonómicos, algunos de ellos con inclinaciones republicanas e independentistas, plantea desafíos únicos. El futuro gobierno, encabezado no por Pedro Sánchez sino por Puigdemont y otros, despierta inquietudes en pleno siglo XXI.
Como demócrata, no participé en la votación de la Constitución en 1978 por no tener la edad suficiente. Sin embargo, la mayoría que la respaldó desconocía las disparidades en la representación, lo que plantea preguntas sobre la igualdad de derechos consagrada en la Constitución. Este país, tal como está estructurado actualmente, no representa a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.»
